Educación y desigualdad

El conocimiento se ha convertido en el elemento central del nuevo paradigma productivo, por lo que el sector educativo pasa a ser un actor insoslayable en el desarrollo de las capacidades de innovación y creatividad, aspectos claves en el camino hacia altos niveles de competitividad, fuerza motriz del progreso económico en la actualidad. Sin embargo, y siempre bajo este contexto, existe una importante parte de la población excluida de la posibilidad de competir de igual a igual en el acceso a la educación superior, y por tanto condicionada a competir de forma desigual en el mercado laboral, y que en la mayoría de los casos responde a factores asociados a la desigualdad social de origen cuyo reproductor sería el sistema educativo.

Chile impulsó durante el siglo XX una serie de proyectos educativos que no pasaron la década de duración, y que tuvieron una estrecha relación con las tendencias en boga del mundo occidental: socialismo, neoliberalismo, etc. A partir de 1990, se inicia una nueva reforma educacional, entendida como una transformación significativa del sistema educativo atendiendo a su mejoría respecto a su situación inicial, involucrando su dimensión estructural, histórica y epistemológica; y apuntando a dos objetivos políticos-estratégicos: mejoramiento de los resultados educativos de la población, y actualización de las competencias para una mejor inserción laboral. Todo sobre el objetivo explícito de construir una educación de calidad, esto es: egresados con mayor poder de abstracción, de pensar en sistemas, de comunicación, trabajo en equipo y discernir moralmente en forma acorde al mundo en que se desempeñan.

Sin embargo, jamás se pensó en revertir el proceso de municipalización, ni cambiar el modelo de financiamiento establecidos en la reforma anterior de corte neoliberal (1981), validando los cambios generados durante la dictadura; y generando problemas contradictorios al espíritu de la reforma: en vez de profundizar la democracia el sistema educacional profundizó la desigualdad, a tal punto que esta política educacional ha generado indirectamente una sociedad fragmentada de acuerdo al nivel de ngresos, ello implica que cada grupo se relaciona con sus iguales y cada vez menos con “los otros”, lo que se traduce en una pérdida del espacio público de debate acerca de los problemas comunes, por tanto no contribuiría a la profundización e la democracia.


Según Dante Contreras, los porcentajes de ingreso a las universidades “tradicionales”, bajo condiciones tales que su continuidad no este sujeta a factores económicos arroja los siguientes resultados: 23,09% en los Particulares Pagados; 6.31% en los particulares subvencionados; y 4.91% en los municipales. Sobre la base de estos resultados, Contreras concluye que el índice de posibilidades de mantenerse en el 10% más rico es de 56% (en contra de un 19% en USA, y un 20% en Europa). Esto permite establecer que, siendo la educación un importante elemento en la adquisición de competencias laborales, quien pertenece al 10% más rico tiene más posibilidades de acceder a herramientas para desenvolverse dentro del sistema económico de manera altamente competitiva; más aun, las posibilidades que un estudiante proveniente de los sectores más acomodados pueda disfrutar de dichos beneficios a costo cero, duplican a las de los que realmente lo necesitan. Por tanto cabe preguntar ¿Se está fiscalizando bien la educación subvencionada y municipal? ¿Si los alumnos de colegios particulares subvencionados, pueden acceder, en términos teóricos, a una educación mejor que la municipalizada, por qué tienen casi los mismos resultados? ¿Qué se ha hecho respecto a las evaluaciones periódicas y sus resultados? Pero más profundamente ¿qué sucede en la enseñanza media a escala nacional, que un estudiante con medios para pagar una universidad privada tienen altas posibilidades de estudiar gratis en una universidad estatal y más del 90% de los estudiantes provenientes de los sectores medios y populares deben competir por becas y créditos?

La desigualdad en el acceso a educación tiende a reproducirse incluso al interior de la educación pública, la que en términos teóricos debiese ser igual para todos los ciudadanos. Durante gran parte de la historia del país, los establecimientos de carácter público habían dependido directamente del Ministerio de Educación. La municipalización de la enseñanza pública tuvo como objetivo descentralizar administrativamente los colegios, y dejarlos en manos de los municipios, por ser estas entidades más cercanas a los establecimientos y por tanto, conocedoras de su realidad. Sin embargo, en el largo plazo, la municipalización ha tendido a acrecentar la brecha educacional entre los distintos sectores socioeconómicos del país, puesto que al depender administrativamente, los colegios también dependen económicamente del municipio (aunque éste sirva de aval en caso de postulación a fondos concursables externos). Puede imaginarse entonces la diferencia entre dos alumnos de establecimientos públicos, en los papeles iguales, de comunas tan diferentes como Vitacura o Renca, la municipalización de la red estatal reproduce la desigualdad de origen y la perpetúa.

A modo de conclusión cabe preguntar qué consecuencias puede traer la perpetuación de la desigualdad en el ámbito educativo en un sistema económico altamente competitivo, y que además tiende a reproducir dicha desigualdad en otras áreas como vivienda y salud.

En economía se dice que una nación crece si aquéllos que se benefician del comercio, pueden compensar a los que pierden, sin embargo “los que ganan” no tienen esa obligación: bajo el paradigma económico actual, no importa si los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, porque la economía contemporánea no aborda temas de justicia social. Desde 1990 Chile ha logrado mantener un alto ritmo de crecimiento económico en forma sostenida, al punto de lograr un destacado lugar en el concierto latinoamericano. Sin embargo, se han mantenido los altos índices de desigualdad que se venían perfilando desde la década de 1980. Dentro de esta lógica, la percepción de mejoras materiales en un sector de la población, incrementa la insatisfacción que produce la desigualdad en el acceso a bienes y servicios en otro. Se entiende, por consiguiente, que cuando esta insatisfacción va acompañada de un discurso económico triunfalista, los sectores más desfavorecidos tienden a expresarse violentamente en contra del “sistema”. La desigualdad económica, entonces, genera tensión social, y ésta, cuando no se frena a tiempo, se transforma en violencia.